Miguel Arias Cañete: Ministro de Destrucción del Medio Ambiente
Fecha Fecha de Publicación: Jueves 2 de Febrero de 2012, 17:58 h.
Tema Ecología
Miguel Arias Cañete, ministro de Destrucción del Medio Ambiente, retrató ayer en el Congreso de los diputados, con un grado de cinismo político inusual, lo que plantea el nuevo gobierno de Mariano Rajoy en materia medioambiental: demolición sistemática de la legislación vigente, entregándo el bien común a intereses particulares.
El panorama es desolador, si bien era previsible al haber colocado a la zorra a cuidar del gallinero: es ampliamente conocido que Cañete tiene conexiones de interés y familiares con la industria petrolera y otros sectores muy poco ecológicos.
Recopilamos las reacciones...
Greenpeace: Desmantelando el estado del bienestar medioambiental
Ayer el Ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y finalmente Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, inició la demolición del núcleo duro de la legislación ambiental española que tantos años y esfuerzos ha costado conseguir.
La reforma de la Ley de Costas, que abrirá nuevos usos en el litoral virgen que caerá sepultado una vez más bajo el cemento. La simplificación de la normativa sobre evaluación de impacto ambiental, la convertirá en un coladero de proyectos que son un homenaje al despropósito. También ha dejado claro que se suman a la segunda división en la lucha contra el cambio climático en la UE, al rechazar de plano el objetivo de reducción del 30%. Incluso dudaba sobre si podrían alcanzar el objetivo vinculante de reducción del 20%.
En tiempos de reforma de la política pesquera común. Ni una palabra de apoyo al sector artesanal, el que garantiza realmente el futuro y el empleo. Y mucho menos alguna referencia a la apuesta decidida para acabar con la sobrepesca que esquilma los caladeros sin piedad.
Insinuó la vuelta a las viejas políticas del agua, la vuelta a los trasvases a los embalses sin sentido, que tanto malestar social ocasión hace dos legislaturas. Y por supuesto que la legislación de calidad del aire y de responsabilidad ambiental sean “realistas”. A estas alturas de curso, todos sabemos que significa este eufemismo legislativo.
Tras el discurso del Ministro, queda claro que el actual gobierno considera que las políticas medioambientales son un obstáculo para el desarrollo económico y no una oportunidad para salir de la crisis y ha iniciado el desmantelamiento del estado del bienestar medioambiental con una batería de medidas sin precedentes en la historia democrática reciente.
No hay otra opción que oponerse rotundamente y movilizarse ante cualquier medida que suponga una merma de los niveles de protección ambiental conseguidos hasta la fecha, especialmente en lo referido a la Ley de Costas, la lucha contra el cambio climático y al control de la sobrepesca,...
El anuncio de ayer ataca directamente a los principios fundamentales de defensa del litoral y el uso público de la costa. Si se alargan las concesiones más allá de 2018, se facilita la desafección del dominio público marítimo terrestre y se abre la puerta a nuevos usos en la costa la Ley de Costas deja de tener efecto.
Resulta desalentador el rechazo de plano por parte del Ministro al objetivo de reducción de emisiones europeas de gases de efecto invernadero de un 30% para 2020. Esta omisión es llamativa, cuando dos días antes de la comparecencia del ministro, la Comisión Europea ha publicado un estudio que muestra los claros beneficios económicos que se lograrían para cada uno de los Estados Miembros de la UE en aumentar la ambición de la lucha contra el cambio climático.
No vamos a permanece cruzados de brazos ante el rodillo gubernamental que pretende desmantelar de un plumazo lo que tantos años de lucha ha costado.
URL Artículo:
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/desmantelando-el-estado-del-bienestar-medioam/blog/38897/
Ecologistas en Acción: Grave riesgo de regresión en política de biodiversidad
La comparecencia de ayer del Ministro de Medio Ambiente Arias Cañete en la Comisión de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente puso en evidencia para Ecologistas en Acción las intenciones de des-regulación y de regresión en las políticas de Biodiversidad, centrándose la legislatura en modificar la normativa básica en lugar de concentrarse en su aplicación. Lo que hará imposible que el Estado español cumpla el objetivo asumido de detener la pérdida de biodiversidad para 2020.
El Ministro de Medio Ambiente centró su comparecencia relacionada con la conservación de la naturaleza en anunciar cambios en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, sin especificar que cambios pretende realizar; en modificar la protección de las especies “racionalizandola” revisando las disposiciones ya aprobadas; en compatibilizar la conservación de la naturaleza con su uso turístico; en revisar el Real Decreto de especies invasoras para “buscar formulas de acuerdo” con quienes pretenden seguir fomentando la introducción de las mismas; y en declarar la Sierra de Guadarrama como Parque Nacional, pese a que el proyecto existente es contrario a la normativa de Parques Nacionales.
La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pese a que no satisface plenamente a Ecologistas en Acción, es la mejor Ley de conservación de la Naturaleza que ha existido, supuso un amplísimo trabajo hasta su aprobación en 2007 y tal y como se solicito al Ministerio, su aplicación debería ser prioritaria en la presente legislatura. Modificar la Ley supondrá la pérdida de varios años de trabajo y conllevará el riesgo de una disminución de las medidas de protección de la biodiversidad, precisamente cuando se debería estar tomando las medidas necesarias para frenar o detener la pérdida de biodiversidad como el Gobierno español se ha comprometido ante la Unión Europea y el Convenio de Biodiversidad.
El Ministerio de Medio Ambiente pretende modificar toda la regulación existente referida a la planificación de las especies amenazadas y de espacios protegidos, sin contar con propuestas concretas que las sustituyan, lo que podría suponer una mayor desprotección de especies y espacios naturales.
Además resulta especialmente preocupante que el ministro anunciase su intención de buscar formulas de acuerdo con aquellos sectores que están presionando para la derogación del Real Decreto de especies invasoras, especies altamente dañinas para la fauna y flora autóctona, y que lo que pretenden es seguir introduciendo especies invasoras para poder mantener actividades como la pesca deportiva. Ecologistas en Acción adelanta que no hay posibilidades de acuerdo para permitir que continué la introducción de especies como el siluro, la trucha arco iris y otras especies invasoras.
En relación a la propuesta de declarar la Sierra de Guadarrama como Parque Nacional, Ecologistas en Acción denuncia que la propuesta no supone una mejora de las condiciones de conservación de los valores naturales y culturales, si no una desregulación de la normativa existente para permitir usos, actividades y construcciones incompatibles con un parque nacional. La caza, la pesca, la construcción de infraestructuras, la unión de las estaciones de esquí por la zona de cumbres de Navacerrada son algunas de las cuestiones más polémicas que conllevaría la aprobación del Parque Nacional. Estas actuaciones actualmente están prohibidas, bien por la Ley de Parques Nacionales vigente, bien por los espacios protegidos ya existentes, como el Parque Natural de Peñalara o el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y que desaparecerían una vez aprobado el Parque Nacional.
Como aspectos positivos de esta intervención, Ecologistas en Acción quiere destacar la declaración de intenciones muy positiva de impulsar la declaración de las ZEC y por tanto de la Red Natura 2000 y la Coherencia de la Red de Parques Nacionales, aspectos ambos fundamentales para la presente legislatura.
URL Artículo:
http://www.ecologistasenaccion.org/article22288.html
El País: Cañete enmienda a la totalidad la legislación ambiental
El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha lanzado una carga de profundidad en su primera comparecencia hoy ante el Congreso. A toda velocidad, leyendo su discurso en un tono a veces embarullado, ha anunciado una reforma total de la legislación ambiental. No es solo la “muy profunda” reforma de la Ley de Costas, sino que ha adelantado cambios en la Ley de Calidad del Aire -“para hacerla realista”-, en la de Responsabilidad Ambiental -que obliga a las empresas a disponer de una garantía financiera por si hay un vertido-, en la de Biodiversidad, en el decreto de suelos contaminados, en la norma de declaración de impacto ambiental, en la Ley de Aguas, en los residuos… Ni un pilar de la abundante legislación ambiental aprobada principalmente en la legislatura 2004-2008 se salva de esa revisión, que afectará de lleno a la política de agua, ya que el ministro ha defendido los trasvases como elementos de “solidaridad”. En total, el ministro ha anunciado 66 medidas como programa de Gobierno.
Cañete -hasta ahora más ministro de Agricultura que de Medio Ambiente- afrontaba su primera comparecencia sobre este área. En su toma de posesión ya dijo que desconocía la materia ambiental y hasta ahora había eludido declaraciones públicas o responder a preguntas sobre la política ambiental.
En un discurso leído ante la Comisión de Agricultura del Congreso, ha comenzado por lo que domina y después de una hora ha pasado al medio ambiente, asunto al que ha dado un repaso con abundancia de datos y con una crítica recurrente a la situación en la que se encuentra el ministerio que recibe. El ministro ha censurado la “herencia recibida”. “Nos hemos encontrado un panorama cuanto menos preocupante”, ha señalado. Ha sido tal el tono veloz del discurso que el portavoz de UPyD, Toni Cantó, ha provocado las risas de la Comisión cuando ha admitido haberse perdido varias de las propuestas porque era imposible seguir la velocidad del ministro.
La sesión ha acabado con protestas porque el presidente, el popular José Ignacio Llorens, ha cortado en su primera intervención a los grupos de la oposición y no ha permitido un segundo turno de réplica. El resultado es que Cañete ha hablado casi tres horas y los portavoces de la oposición poco más de 15 minutos cada uno. “Este debate ha durado más que un partido Nadal-Djokovic”, ha justificado el presidente de la comisión para zanjar la sesión ante las quejas del diputado socialista Alejandro Alonso.
Agua. El primer golpe ha sido para el plan de desaladoras del Gobierno de Zapatero, de las que hay 17 en explotación y 15 en construcción y solo producen “el 16,45% de su capacidad”. Las abundantes lluvias de los últimos años y las reticencias de agricultores y Ayuntamientos a pagar por este agua por su alto precio han dejado estas instalaciones como una red de seguridad en caso de sequía, pero no como un sistema de abastecimiento firme. Según Cañete, solo para terminar las desaladoras en construcción aún faltan 762 millones de euros, que se suman a los 1.664 millones ya invertidos. Además, ha destacado que Europa tiene en su punto de mira a España por la demora en la aprobación de los planes de cuenca y por la falta de depuración de aguas.
El ministro ha cargado contra la situación de las sociedades estatales de agua, que a corto plazo necesitan 800 millones de euros y que se encuentran en quiebra, aunque él no ha utilizado la palabra. Fuentes del anterior equipo ministerial replican que en los dos últimos dos años no han hecho ampliaciones de capital para no sobrecargar las arcas públicas y que hay negociado un crédito blando de 700 millones con el Banco Europeo de Inversiones para afrontar la situación. Ahora, conforme entren en marcha las desaladoras y cobren el agua podrían afrontar la situación.
Para afrontar la gestión del agua, el Gobierno del PP va a bajar de rango a las confederaciones hidrográficas para que dependan jerárquicamente de Madrid y evitar así los reinos de taifas. Es algo que ya comenzó a hacer el Gobierno del PSOE en sus últimos años. Además, ha añadido que reformará la Ley de Aguas para dejar claro que la política de agua es competencia estatal, para deshacer el enredo generado con la transferencia fallida de competencias de la cuenca del Guadalquivir a Andalucía.
Como cada ministro que llega a la cartera, Arias Cañete ha anunciado que buscará un pacto nacional del agua. Y aunque en su primera intervención no ha mencionado la palabra trasvase -maldita ya para todos los partidos-, sí ha dicho que apostará por “nuevas infraestructuras” para “incrementar los caudales en zonas con déficit hídrico”. Esto, que el PP de Murcia interpretará como un trasvase (sea desde el Tajo Medio o desde el Jarama), irá acompañado de “mercados transparentes de derechos existentes”. Se trata de permitir la compra-venta de agua (en teoría un bien de dominio público), algo que ya se ha autorizado en periodo de sequía entre regantes de Murcia y de Madrid a través del trasvase.
En la réplica, y a preguntas de la oposición, Cañete sí ha defendido los trasvases: “No es incompatible la unidad de cuenca y los trasvases (…) ¿Es que no son utilizables las aguas excedentarias? ¿No existe la solidaridad en este país?”. Pero ha insistido en que hará un pacto nacional, “no una imposición nacional” y que quiere volver a un consenso como el de la época de Aznar, cuando el Gobierno aprobó el trasvase del Ebro y cuyo Plan Hidrológico apoyaron incluso Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha en el Consejo Nacional del Agua.
En la política de revisión general no se salva el Plan Especial del Alto Guadiana, que engloba el parque nacional de las Tablas de Daimiel. Lo anunciaron por todo lo alto José Luis Rodríguez Zapatero y José María Barreda en La Moncloa con una inversión prevista de 3.000 millones hasta 2027 para regularizar pozos ilegales y recuperar el acuífero que ha ido languideciendo por las restricciones presupuestarias. Según el presidente del plan, Enrique Calleja, ha conseguido legalizar 4.000 pozos e instalar más de 8.000 caudalímetros en los pozos gracias a una inversión de 1.000 millones destinada a comprar fincas para reducir el consumo de agua. Gracias a las lluvias de los dos últimos años y al plan, el déficit hídrico del acuífero ha pasado de 3.000 hectómetros cúbicos a 1.000. Ahora el plan queda en el aire.
Costas. Cañete ha cargado contra la “errática aplicación” de la Ley de Costas y ha afirmado que con la norma, vigente desde 1988, ha quedado demostrado que “frenar la actividad económica no garantiza su conservación”. Por eso ha reiterado que llevará a cabo una “muy profunda revisión de la Ley de Costas”. Su intención es alargar las concesiones de uso en dominio público (la mayoría de ellas caducan en 2018) y autorizar en el litoral “el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales”. Cañete ha destacado que hay un “problema de inseguridad jurídica” que ha salido incluso fuera de España. Además, quiere agilizar la desafectación del dominio público marítimo-terrestre, el trámite para que el terreno público pase a manos privadas. El anuncio ha sido muy bien acogido por Coalición Canaria y CiU, que la pasada legislatura ya pidió suavizar la ley.
El ministro ha alertado contra “las falsas intenciones que se le imputan al Gobierno” con la reforma de la Ley de Costas y ha advertido al PSOE: “Yo Algarrobicos no sé hacer. Eso lo hacen otros”.
Contaminación. El ministro ha anunciado una reforma de la Ley de Calidad del Aire y del Plan Nacional de Calidad del Aire para hacerlo “realista”. La norma, aprobada en 2007, obliga incluso a restringir el tráfico en grandes ciudades en caso de graves episodios de contaminación como el que actualmente viven buena parte de las grandes urbes.
Cambio climático. El ministro ha desgranado el funcionamiento del mercado de CO2, que ha hecho que en España las industrias obtengan “pingües beneficios” con la venta de gases contaminantes -“hay industrias abiertas simplemente para mantener los derechos de emisión”-, mientras que el Estado aún debe comprar derechos por el exceso de emisión en el transporte y en el sector residencial, por el que responde el Gobierno.
Cañete no ha desvelado en su primera intervención si España apoya que la UE amplíe el recorte de emisiones del 20% actual al 30% en 2020, el tema clave de debate en Europa en este momento. En la réplica a la oposición sí ha dejado ver que no es esa su intención: “No puedo decirle que asumo el 30% si no cumplo el 15% [en alusión al objetivo actual de Kioto para España] y estoy comprando derechos por un tubo. ¿El 30%? ¿Y por qué no el 40%? Este Gobierno va a cumplir pero no va a hacer declaraciones voluntaristas”.
Cañete ha recalcado que con la tendencia actual ya debe comprar 67 millones de toneladas de CO2 “y puede que al final sean más”. A un precio medio de 8 euros por tonelada (aunque el mercado varía y ahora está más barato), eso supone que faltarían unos 536 millones de euros, que se suman a los 750 millones ya destinados a los llamados mecanismos de flexibilidad, compra de CO2 con proyectos en países en desarrollo o en Europa del Este.
Cañete ha anunciado que cumplirá el compromiso adquirido con la UE, pero que orientará las compras de derechos de emisión de forma que ayude a empresas españolas, y ha anunciado su intención de que “la biomasa forestal sea un recurso energético”. Esto último choca con la moratoria a las renovables anunciada el pasado viernes por el Ministerio de Industria, que elimina las primas a las nuevas instalaciones de generación eléctrica con biomasa.
Biodiversidad. El ministro ha adelantado que unirá a la red de parques nacionales el de Guadarrama -algo lógico porque el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, fue uno de sus impulsores como viceconsejero de la Comunidad de Madrid- y también ha dicho que revisará “la normativa básica estatal”. Respecto a la polémica sobre el real decreto de especies invasoras, se ha limitado a señalar que “buscará fórmulas” de acuerdo.
Copyright © El País, 2012.
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/01/actualidad/1328102830_258987.html
El País: Cañete anuncia un terremoto en la legislación medioambiental española
Hace 12 años, cuando el presidente Aznar defendía el trasvase del río Ebro para regar las huertas de Levante, Miguel Arias Cañete confesó a unos agricultores murcianos: "Sale por cojones, porque el Plan Hidrológico o sale en esta legislatura o no sale nunca". No salió, pero el hoy ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció este miércoles que sí saldrá con Mariano Rajoy en el poder, sin dar detalles de en qué consistirá.
Arias Cañete hizo este anuncio en su primera comparecencia en el Congreso, en la que anunció un vuelco total a la legislación medioambiental en España, con 66 propuestas en todos los ámbitos que regula su Ministerio. Es difícil encontrar precedentes en los que un ministro haya anunciado tantas reformas de leyes en tan poco tiempo. En un discurso de más de tres horas leído a toda velocidad, en el que Arias Cañete se comió tantas palabras que el diputado de UPyD Toni Cantó admitió haberse perdido varias propuestas, el ministro anunció las modificaciones de la leyes de Costas, de Calidad del Aire, de Evaluación de Impacto Ambiental, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y de Patrimonio Natural y Biodiversidad, además de anunciar el nuevo Plan Hidrológico Nacional. Casi nada de esto figuraba en el programa electoral del PP.
La tramitación de este terremoto legislativo en el Congreso, con mayoría absoluta del PP, será "un paseo militar", utilizando el término empleado por Arias Cañete en 2000 refiriéndose a la aprobación del trasvase del Ebro. Como trasfondo de esta reforma radical de la legislación española subyace un mantra pronunciado este miércoles por Cañete: "Sólo si la política medioambiental es viable económicamente puede mantenerse a largo plazo. Lo contrario es engañarse".
Las organizaciones de conservación de la naturaleza reaccionaron con vehemencia a la batería de medidas del ministro. Para Ecologistas en Acción, los cambios suponen "un jaque mate al medio ambiente sin precedentes" con el "único objetivo de favorecer el crecimiento económico".
El ministro dio este miércoles algunos detalles de la "profunda" reforma anunciada hace unos días de la Ley de Costas, que defiende el uso público del litoral desde 1988. Cañete explicó que el objetivo es "compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales". Para Greenpeace, cuando Cañete aseguró que "frenar la actividad económica en el litoral no garantiza su conservación" abrió la puerta a nuevos proyectos urbanísticos. La reforma de la ley incluye la "recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas" y el fomento de la "desafectación de espacios del dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales".
La Ley de Costas de 1988 dice todo lo contrario, como denuncia Juan Carlos del Olmo, de WWF: si un terreno en el litoral está degradado, la ley obliga a restaurarlo, no a desa-fectarlo, que es desvincularlo de su uso público. "Vemos con muchísimo miedo la reforma de la Ley de Costas, porque si se desafecta un terreno de dominio público el siguiente paso es privatizarlo", señala Del Olmo.
La nueva portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Leire Pajín, preguntó a Cañete si la reforma supone "una vuelta al pasado, volviendo al espíritu de su Ley del Suelo para construir en todas partes sin planificación, sin límite, volviendo a la depredación del territorio y del litoral y a una economía especulativa con los pies de barro".
En 1988, la Ley de Costas declaró dominio público todo el terreno de playa y hasta donde hubiesen llegado los mayores temporales conocidos. Las viviendas construidas en ese suelo antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años para compensar la pérdida de propiedad. Los dueños no pueden venderlas. A partir de 2018, tocaría derribarlas. Arias Cañete desveló este miércoles que el Ministerio planea ampliar ese plazo.
Ante las críticas de Pajín, el ministro le restregó el caso del hotel El Algarrobico, una mole de 411 habitaciones construida en una playa de Carboneras (Almería) gracias a la permisividad de la Junta de Andalucía, la indecisión del Ministerio de Medio Ambiente socialista y, sobre todo, al apoyo del Ayuntamiento, regido por el PSOE. "Yo Algarrobicos no sé hacer, ni los pienso hacer. Aquí alguien me lo podría enseñar. Yo voy a dedicarme a poner en valor nuestras costas y playas. En el litoral español hay ejemplos nefastos y magníficos. Yo prefiero copiar los magníficos", espetó Cañete a Pajín.
Aguas
El ministro también anunció "un nuevo Plan Hidrológico Nacional" con el objetivo de garantizar el suministro de agua "de una manera integral y solidaria en todo el territorio nacional". Cañete evitó en sus primeras tres horas de comparecencia utilizar la palabra "trasvase", hasta que la empleó en sus respuestas a la oposición. "Hagamos las obras que haya que hacer, porque hay mucho sentido común que aplicar a la planificación hidrológica", declaró.
El responsable de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente justificó estas obras en la necesidad de "aprovechar aguas excedentarias". La Plataforma en Defensa del Ebro anunció inmediatamente que tomará las calles para protestar contra la política "claramente trasvasista" del PP, según informó su portavoz, Manuel Tomás, a la agencia Efe. La diputada del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) en el Congreso, Teresa Cunillera, criticó la "indefinición" del ministro, que hace "temer el peor de los escenarios" al PSC. "No ha dicho si este nuevo plan incluirá los trasvases del Ebro y ha enmascarado sus auténticas intenciones", lamentó Cunillera. La Directiva Marco del Agua de la UE no admite trasvases entre cuencas diferentes salvo en casos extremos.
Arias Cañete defendió con datos la necesidad de un nuevo Plan Hidrológico Nacional y lamentó "la herencia recibida", como ya hizo en la toma de posesión de sus altos cargos hace unas semanas. El ministro recordó el estado del plan de desaladoras del Gobierno de Zapatero, puesto en marcha tras tumbar el anterior Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar en 2004. De las 51 desaladoras previstas, sólo hay 17 en funcionamiento, otras 15 en construcción y el resto sólo están sobre el papel, según detalló Cañete. La inversión necesaria para completar el plan de desalación de Zapatero ascendería a 2.416 millones de euros, además de los 1.664 millones ya gastados.
El ministro también se comprometió a "alcanzar la plena depuración de la carga contaminante en aguas en España", comenzando por los grandes núcleos y las poblaciones en áreas de importancia ambiental. Este anuncio ha sido aplaudido por organizaciones ecologistas como WWF. Cañete recordó que Bruselas ya ha abierto dos expedientes sancionadores a España, uno por no depurar las aguas en 23 grandes núcleos urbanos y otro por verter aguas residuales en zonas de importancia ambiental, como ocurre en 912 municipios españoles, la mayoría gobernados por el PP.
Contaminación
La reciente Ley de Calidad del Aire, de 2007, tampoco se salva del seísmo en la legislación ambiental y será "revisada". Cañete abogó por fijar "objetivos realistas", lo que para Ecologistas en Acción "suena a retrasar su cumplimiento". En algunas ciudades gobernadas por el PP, como Madrid, se respira actualmente un aire ilegal, con incumplimientos generalizados de los límites legales de varios contaminantes marcados por la UE. La alcaldesa de la capital y exresponsable de Medio Ambiente, Ana Botella, siempre ha escudado el retraso en la toma de medidas contra la contaminación en que "el paro asfixia más".
Cambio climático
Cañete se desvinculó este miércoles de las declaraciones bienintencionadas del anterior Gobierno socialista, que pedía con otros países europeos que la UE aumente su objetivo de reducir sus emisiones de CO2 un 20% en 2020 hasta llegar a un recorte del 30%. Preguntado por Leire Pajín por su postura, el ministro fue tajante: "No vamos a asumir compromisos que no pueda cumplir nuestro país".
Cañete criticó los escasos avances del Gobierno de Zapatero para reducir las emisiones de CO2 del sector del transporte, las viviendas y los residuos. Y lamentó que el cumplimiento del protocolo de Kioto, que permite que España aumente sus emisiones hasta un 15% respecto a 1990 en el periodo 2008-2012, esté todavía lejos por este lastre. El objetivo sólo se logrará desembolsando cientos de millones de euros para comprar derechos de emisión a otros países. "Yo no puedo asumir un 30% si no cumplo ni el 15% de Kioto, si estoy comprando derechos de emisión por un tubo", defendió. "Ser líderes mundiales en cambio climático no es hacer declaraciones voluntaristas que no sirven de nada, sino cumplir los objetivos de Kioto", remachó.
Para reducir las emisiones, el Gobierno conservador propone potenciar el papel de los bosques como sumidero de CO2, apoyar planes de movilidad urbana en las grandes ciudades e impulsar la rehabilitación de viviendas. En la campaña electoral de 2004, Rajoy prometió plantar 800 millones de árboles si ganaba las elecciones. En 2008, rebajó la cifra hasta los 500 millones de árboles. En 2011, las promesas desaparecieron.
Cañete aseguró este miércoles que la decisión del Ministerio de Industria de eliminar las ayudas a las energías renovables no suponen "un parón", sino una "ordenación temporal".
Océanos
Frente a la intención de Bruselas de eliminar los descartes, los peces pescados accidentalmente que se devuelven muertos o agonizantes al mar, Cañete propuso de manera confusa vincular esta medida "al establecimiento de posibilidades de pesca nacionales acordes con la composición natural de las capturas de cada pesquería". El ministro anunció un impulso a las áreas marinas protegidas, las grandes olvidadas en la legislación española.
Agricultura
Cañete adelantó la creación de un nuevo Plan Nacional de Regadíos para "reducir el consumo de agua". También se pondrá en marcha un Plan Nacional de Acción para el uso sostenible de pesticidas y fertilizantes y se revisará la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural para "acercarla más a la realidad".
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